Para evitar que productoras y distribuidoras de gas hicieran juicio al estado por incumplimiento de contrato, el gobierno renegoció el traspaso a tarifas de la suba del dólar, amortiguando su impacto, aunque para los consumidores quedó un saldo a pagar de 90 pesos por mes en 24 cuotas, una medida retroactiva que podía ser cuestionada en la justicia. Sin esperar el veredicto, llamó la atención el coro de políticos que apuntó a trabarla a través del Congreso. No escapa a nadie lo delicado de la situación, la necesidad que tiene el país de cubrir los vencimientos de deuda a través del crédito del FMI y el requisito de llevar a cero el déficit primario del sector público nacional en el ejercicio 2019, un objetivo que se complica con el engorde de los subsidios a la energía. El ruido político y la posibilidad de desvíos fiscales no es gratuito para la economía, y se expresa en riesgo país y en devaluación. Si este tipo de episodios se hiciera recurrente, de cara al Presupuesto 2019, habría que tener en cuenta que cada 10% de suba del precio del dólar, hay un salto de 4 % de la inflación, por lo que la canasta de una familia de, por caso, 25 mil pesos/mes, se encarece en 1000 pesos en cada uno de esos movimientos, más de 10 veces lo que estuvo en discusión con las tarifas de gas.
Descarga de documentación Artimañas políticas, el peor enemigo del bolsillo |
