Autonomía fiscal de las provincias argentinas: ¿Cómo mejorar para lograr un mayor crecimiento económico?
Por: Marcelo Capello
En Argentina, los reclamos provinciales al poder central por mayor autonomía suelen provenir generalmente por las siguientes razones: 1) Provincias que cuestionan los montos que reciben de coparticipación federal de impuestos, con relación a los recursos que aportan sus habitantes en concepto de impuestos nacionales; 2) Provincias que se sienten discriminadas por la asignación de las transferencias fiscales discrecionales que decide el poder central; 3) Provincias que desean contar con mayor autonomía para sus decisiones de endeudamiento, realización de obras públicas, etc., es decir, temas relacionados con las funciones que les son permitidas desarrollar en el marco de una federación.
Con relación a la distribución secundaria de la coparticipación y otras transferencias automáticas, la Ley 23.548 no explicita los criterios con los cuales se han construido los coeficientes de distribución a cada provincia, que por cierto resultan en un reparto en algunos casos de dudosa objetividad. En primer lugar, debe advertirse que sí existe redistribución en el sistema de transferencias, y resulta notoria: por caso, en la primera mitad de 2020 la provincia de Buenos Aires recibió un 22,4% de las transferencias automáticas a provincias, cuando cuenta con 38,7% de la población y 35,1% del PIB nacional. En el otro extremo, Tierra del Fuego tiene una participación en las transferencias que resulta un 198% mayor a lo que participa en la población. En el caso de Catamarca, recibe un 167% por arriba de su participación en la población. Si se tiene en cuenta la población, serían 4 jurisdicciones las que cuentan con menor porción de transferencias que de población: BA, CABA, Mendoza y Córdoba. Queda claro, en esta presentación de los datos, que el sistema de transferencias en Argentina beneficia especialmente a las provincias de baja densidad poblacional, sean ricas o pobres.
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