Jorge Vasconcelos
El acuerdo con el FMI ya está en vigencia, y la Argentina recibió el primer desembolso de 9,7 mil millones de dólares, que le permitió oxigenar las reservas del BCRA tras hacer frente al vencimiento de 2,7 mil millones con el mismo organismo. Sin embargo, el impacto sobre las variables financieras ha sido marginal, por lo que el gobierno no ha podido eclipsar la principal fuente de preocupaciones, una inflación que se acelera, marcando una variación del IPC de 4,7 % en febrero y un estimado por encima de 5,0 % para marzo. Esta dinámica habrá de afectar el nivel de actividad, por la pérdida de poder adquisitivo de la población: así, la medición desestacionalizada del PIB puede estar devolviendo en el primer semestre más de la mitad del “arrastre estadístico” con el que había arrancado el año (del orden de los 3,5 puntos), ya que también hay que computar el menor volumen de cosecha y el posible cierre de plantas por falta de energía. La inflación no es una meta auditable por el FMI, pero un guarismo que apunta al 60 % anual tiende a socavar la política monetaria y cambiaria del Banco Central, complicando el objetivo de reducir la brecha cambiaria y de lograr una liquidación fluida de granos en el momento de la cosecha.
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