Con reservas netas en el Banco Central que apenas si cubren una semana de importaciones y DEG (la moneda del FMI) que alcanzan para pagar compromisos con el organismo hasta principios de octubre, existe poco margen de error para el propósito de la conducción económica de acercarse a las metas de fin de setiembre, comprometidas en el acuerdo con el FMI. Dado que se intenta evitar el salto devaluatorio como mecanismo para recuperar reservas, el gobierno apunta a “sobreactuar” los esfuerzos destinados a enderezar el rumbo fiscal, tras un primer semestre en el que el déficit primario del sector público llegó a alejarse, en proyección anual, hasta 1,2 puntos porcentuales del objetivo de 2,5 % del PIB para 2022. En el apuro, las partidas presupuestarias que se recortan son las subejecutadas, y afectan áreas como educación y vivienda. La calidad del ajuste fiscal no es algo que esté en el radar, ya que subsiste la superposición de gastos entre distintas jurisdicciones, “la política” mantiene sus privilegios y los subsidios económicos apuntan a permanecer por arriba de los 15 mil millones de dólares de cara a 2023.
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