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¿Cuasi-monedas o reducción del gasto público? Esa es la cuestión

 Marcelo Capello

Ante la posibilidad que nuevamente se emitan cuasimonedas en una provincia de Argentina, y que luego ello sea copiado por otras jurisdicciones, vale recordar cuales fueron algunos de los aspectos más relevantes que dejó la circulación de cuasimonedas en los primeros años del actual siglo:
 

i)   Las cuasimonedas aumentaron los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos, ya sea en forma voluntaria o compulsiva;
ii)   Las provincias que recurrieron a la emisión de bonos presentaban, en promedio, las situaciones fiscales más débiles;
iii)  Prevaleció la faceta transaccional de los bonos, más que como instrumento de inversión;
iv) Se generó mayor pérdida de poder adquisitivo sobre los ingresos de los habitantes de las provincias emisoras, ya sea por mayor inflación directa, precios diferenciales para pagos con bonos o por la desvalorización directa del valor de los bonos;
v)  La cotización de los bonos dependió de la cuantía relativa de los bonos emitidos, con relación a la base monetaria o la recaudación propia provincial.

 
Dado que entre el año 2000 y 2023 se verificó en Argentina un fuerte aumento del gasto público conjunto entre Nación y Provincias (subió 13 puntos del PIB), y que en ese lapso también subió fuertemente la presión tributaria conjunta (aumentó 13 puntos del PIB), hasta niveles récord, para lograr la estabilidad económica y tener chances de una recuperación sostenida de la economía, tras doce años de estanflación, se requiere ahora una reversión del aumento del gasto público observado en dicho período.
 
Tal reversión en el nivel del gasto requiere del esfuerzo conjunto entre Nación y Provincias, en proporción al aumento del gasto que evidenció a ambos niveles de gobierno en los últimos 23 años. Ello requiere que la reducción necesaria en las erogaciones públicas sea afrontada en aproximadamente un 60% por el sector público nacional, y en un 40% por los gobiernos provinciales. Claro que, en el caso de las provincias, el esfuerzo fiscal debe resultar acorde al nivel inicial de gasto que exhibe cada una de ellas.