Hasta aquí, la descripción del ciclo económico es común a muchos países cuando arrastran desajustes. Pero hay peculiaridades que agravan el panorama para el caso argentino: primero, un sector público incapaz de hacer política anticíclica, por el elevado déficit y la falta de crédito; segundo, importantes sectores industriales (hay excepciones, afortunadamente) tienen dificultades para reorientar rápidamente su producción al exterior, sea por una cuestión de precio, de tecnología/calidad o de financiamiento. Esto hace que el empleo y los salarios industriales se comporten como si pertenecieran al comercio o los servicios, acentuando la fase recesiva del ciclo. El deterioro fiscal y la falta de competitividad convergen en un efecto negativo adicional: las jubilaciones se actualizan por una fórmula en la que la evolución de los salarios -incluido el sector público y la industria- es clave, tanto como el empleo que influye sobre la recaudación vinculada al sistema previsional. El reciente anuncio de un 11,3 % de actualización semestral para las jubilaciones, que posiblemente alcance sólo para cubrir la inflación de tres meses, es el ejemplo más crudo de porqué las condiciones aludidas hacen más cruento el ajuste.
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