La redistribución de ingresos sigue siendo prioridad en la amplia gama de opciones partidarias, pero lo que se cuestiona (incluso dentro del gobierno) es si ese objetivo puede lograrse a través de la política actual o si se requieren nuevos instrumentos, más sofisticados y menos dañinos sobre la inversión y la producción. La que luce agotada es esta forma de redistribuir ingresos, no el objetivo más general. Atrasar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos sirvió para mejorar los salarios en dólares y ampliar la capacidad de consumo de las familias, pero al mismo tiempo esto derivó en falta de inversiones en los sectores afectados, con el consiguiente freno a las exportaciones y faltante de divisas. Ante cada nuevo síntoma de escasez, el gobierno eligió racionar por cantidades. Primero prohibiendo exportaciones de carne, después trabando importaciones y operaciones cambiarias. Tras las legislativas, ante una escasez que no cederá, y con la experiencia frustrante de los últimos dos años, es posible que gane fuerza la idea de apoyarse más en los precios que en los cupos como mecanismo de racionamiento. Hasta ahora no ocurrió por temor a la inflación, pero cada vez hay menos garantías que los controles a las cantidades puedan evitar una aceleración en la marcha de los precios.
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