Por el lado de la oferta, conformada por infraestructura, tecnología, información disponible, acceso geográfico, marco legal, condiciones de salubridad. Y por parte de la demanda, compuesta por patrones epidemiológicos y de consumo de servicios de salud, habilidad y capacidad de pago. La conjunción responde a las necesidades de la población y determinan la estructura de este mercado.
A su vez, la estructura de mercado define una conducta de proveedores, pagadores y pacientes, tales como pautas de precios y calidades en la prestación de servicios, diversificación de producto, riesgo moral en el consumo, transferencia o absorción de riesgo en la cadena de provisión (financiadores–instituciones, prestadoras– profesionales de salud).
De la combinación de los elementos del mercado y las conductas de los actores, se alcanzan los resultados del sistema, que pueden ser analizados en términos de eficiencia, equidad y sustentabilidad. Cualquier cambio de incentivos impacta sobre el esquema de salud vigente.
En particular, los servicios de salud no sólo tienen un significativo impacto en la calidad de vida de la población, sino que también constituyen uno de los sectores más importantes en cuanto a la generación de empleo formal y calificado de Argentina. En el país, el 60% de las instituciones de salud son privadas, y estas atienden a más de la mitad de la población.
Por su parte, el sector de medicina pública de gestión privada brinda servicios a sus pacientes. Sin embargo, quien les paga son las obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI), mutuales, prepagas, seguro de salud. Desde este punto de vista, el sector prestador de servicios médicos reviste una característica diferente a cualquier otra actividad, pues no cobra sus servicios directamente de sus usuarios, y generalmente el seguro de salud toma la decisión sobre qué servicios paga, independientemente de los que hayan sido prestados.
Asimismo, existen significativos retrasos y descalces entre el momento en que las clínicas y sanatorios brindan atención a sus pacientes y el posterior cobro de las prestaciones a los financiadores (obras sociales, mutuales, prepagas, seguro de salud, entre otras), con un promedio estimado de 90 días.
Esta disociación entre quien recibe la atención médica y quien la paga requiere significativas dosis de eficiencia y tramitación expeditiva. En un contexto de recesión, inflación, caída del salario y alteraciones cambiarias, se generan situaciones de inequidad y asfixia financiera al sector, la cual requiere de incentivos para proporcionar servicios eficientes, equitativos y de calidad.
En Córdoba, el sector de la atención médica de gestión privada se encuentra afectado por esta situación común a nivel nacional. Sin embargo, los estudios que capturan los costos de las clínicas privadas no reflejan las particularidades de los prestadores locales. Al igual que tampoco se disponía de un índice que permita monitorear la evolución de los ingresos y permita establecer la brecha existente entre ingresos y costos.
Con esta motivación, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica (IERAL) profundizó el conocimiento del sistema prestacional cordobés a través de los distintos actores de la salud, entendiendo la necesidad de dimensionar la evolución de costos en relación a sus ingresos.
Precisamente, se construyeron dos índices que muestran la realidad en la que se encuentran inmersas las clínicas de gestión privada de Córdoba. En este informe se presentan los primeros resultados de los índices y se detalla la metodología de cálculo empleada.
Debe ser un usuario registrado para acceder a toda la información, consulte por suscripciones aquí
