Tras casi un cuarto de siglo de incumplir el mandato constitucional de reformar la coparticipación, se necesita un debate objetivo alejado de las urgencias políticas de corto plazo
Por: Marcelo Capello
Según la Constitución Nacional reformada en 1994, en que se incorporó y dio rango constitucional al sistema de coparticipación federal de impuestos, antes de finalizar 1996 se debía aprobar un nuevo régimen de reparto de recursos, siguiendo criterios bien definidos: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Tras 24 años de incumplir ese mandato, en que nunca existió un debate político y legislativo objetivo y con reales intenciones de producir el cambio, como el tema lo merece, se producen modificaciones en el reparto de recursos al calor de situaciones críticas de corto plazo, como el del reclamo de la policía bonaerense en los últimos días.
A continuación, se desarrollan algunos temas relacionados con el debate surgido en estos días, algunos de ellos de vieja data.
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